Hermenegildo Cuenca Díaz,
el uniforme del siglo
(Parte II)
A fines de la década de 1950, el general Hermenegildo Cuenca Díaz se convirtió en el brazo armado de la política priista en Baja California: reprimió protestas, disolvió mítines, ordenó detenciones y diseñó operativos de seguridad para sofocar cualquier disidencia, desde militantes panistas hasta estudiantes y líderes campesinos. Todo ello con el fin de avanzar en su pretendida carrera política.
DIANA áVILA HERNáNDEZ| 01.JUlIO.2025Con la llegada de Adolfo López Mateos a la presidencia en 1958, Cuenca Díaz asumió el mando de la segunda zona militar en Tijuana, Baja California donde le tocó enfrentar diversos confictos sociales además de la disolución de las protestas del Partido Acción Nacional previo a las elecciones locales en 1959.
De acuerdo con un informe de la versión pública de la DFS de Cuenca Díaz, consultada por Archivos de Inteligencia MX, a mediados de junio de 1959 se preveía un choque violento entre militantes del PAN y elementos del PRI y la policía municipal, debido a que las autoridades locales habían prohibido sus reuniones públicas en la ciudad de Tijuana.
Sin embargo, los dotes del general Cuenca para manejar los asuntos de política interna entraron en el terreno. Supuestamente, en una entrevista con el dirigente del PAN local Enrique Silva, Cuenca había logrado persuadirlo de suspender la manifestación programada.
Además, en la reunión con Silva, Cuenca estableció “que cesaran los ataques que continuamente lanzan los panistas en contra del señor presidente de la república y demás autoridades”. Silva sólo pidió que garantizaran sus derechos.
Cuenca Díaz consintió y más tarde firmó un desplegado de prensa en el que afirmaba: “el ejército se ha visto obligado a intervenir para restablecer el orden, cumpliendo así con uno de sus principales cometidos constitucionales, tratando en todo caso que la situación vuelva a la normalidad”, según se lee en el informe citado.
Aunado a ello, Cuenca acuarteló a las tropas del quinto batallón de infantería, las cuales habían estado patrullando la ciudad junto a la policía local, para supuestamente “evitar mayores consecuencias” por parte de los panistas.
A pesar del entorno opresivo, el 22 de junio el PAN y sus simpatizantes se reunieron finalmente en un mitin celebrado en Ensenada, encabezado por el candidato a la gubernatura Salvador Rosas Magallón.
En sus discursos, según otro informe en la misma versión pública, el aspirante panista se lanzó a los insultos contra el general Cuenca acusándolo de ser partidario del PRI, y “por ende, imparcial en la presente lucha electoral ya que había enviado al ejército a Mexicali ... no para prestar garantías y conservar el orden, sino para atemorizar a la población al ver pasear por la ciudad, a bordo de camiones, a sus soldados.”
A dos días de las elecciones, el 31 de julio de 1959 el ejército realizó labores de desarme, incluyendo a las fuerzas locales y arribaron a la entidad nueve agentes de la DFS quienes servirían en funciones de enlace e inteligencia en Mexicali, Tijuana, Ensenada y Tecate.
Esto como parte del dispositivo de seguridad durante el proceso electoral, el cual estaría bajo el control exclusivo de los miembros del ejército y al mando de Cuenca Díaz como comandante de la zona, de acuerdo con los informes de la versión pública citada.
Los panistas “agitadores”
Según los informes de inteligencia, la jornada electoral había estado plagada de irregularidades y represión. Militantes y dirigentes panistas habían sido amanazados y algunos fueron detenidos. Incluso se mencionan personas desaparecidas acusadas de “terroristas”.
Incluso el propio candidato Rosas Magallón fue señalado de “guerrillero” y tuvo que refugiarse en Estados Unidos, como documenta el texto “Recontruir la historia de una comunidad política: los panistas en Baja California 1949-1989” de Luis López Ulloa.
Una conspiración local se estaba tramando. Varios panistas aún se encontraban presos y en habían corrido rumores de que algunos militantes, supuestamente habían estado adquiriendo armas para realizar atentados con dinamita.
El 15 de agosto de 1959, Cuenca Díaz se había reunido con el presidente municipal de Tijuana, Manuel Quiroz Labastida y juntos delinearon un plan “a fin de nulificar cualquier acto que organice el PAN y que pudiera provocar agitación” en la ciudad fronteriza.
De acuerdo con el oficio 9115, disponible en la versión pública de Cuenca Díaz, en dicha reunión se habría acordado solicitar la cooperación de la Policía Federal de caminos “para que impidan la transportación de contingentes con destino a Tijuana.”
Además, el plan contemplaba la vigilancia a la salida de Tijuana con rumbo a Mexicali y Ensenada, así como una patrulla volante en Tecate para realizar las mismas funciones.
Por su parte, la policía municipal a bordo de dos patrullas vigilaría “la línea internacional y en el cruce de las calles 2a y Constitución, con misión de reportar oportunamente la concentración de personas.”
“Por lo que respecta a las fuerzas militares -apuntaba también el plan de seguridad- estas se colocarán en lugares estratégicos y alejadas de los lugares públicos, con el fin de no provocar alarma al turismo, cuya afluencia es considerable los días domingos”.
Por último, se acordó disolver cualquier reunión que pretendiera “agitar y en caso extremo hacer uso de gases, pero de ninguna manera se permitirá la realización de mitines,” concluye el informe de la DFS.
Apenas iniciaba 1960, el general Cuenca Díaz viajó a la ciudad de México para reunirse con Manuel Rangel Escamilla, el director Federal de Seguridad, en el tercer piso de Plaza de la República número seis de la ciudad de México -donde se encontraba la oficina del teniente coronel-, para “posiblemente” presentarle “información de la política reinante en el estado”.
Semanas después de dicha reunión, aparecería el informe de una investigación sobre atentados dinamiteros en Baja California.
Según este reporte del servicio de inteligencia foráneo de la entidad, después de las elecciones locales el 2 de agosto a diciembre de 1959, se habían llevado a cabo múltiples detenciones debido a ocho ataques con explosivos y el hallazgo de otros artefactos sin detonar.
La información de “las personas inmiscuidas en los actos terroristas”, según se refiere, la habría proporcionado el comandante de la zona, Cuenca Díaz –basada, supuestamente, en una denuncia recibida- a la policía judicial y de seguridad del estado, quienes detuvieron a cinco hombres.
En los antecedentes del informe sobre atentados dinamiteros, la investigación de la DFS atribuía relación entre estos hechos y los militantes del PAN y sus líderes.
A criterio de los agentes de inteligencia de la DFS, durante las reuniones públicas realizadas en los cuatro principales municipios de Baja California, los oradores del PAN habían insistido “en que harían respetar el voto aún a costa de la sangre del pueblo”.
Otra de las supuestas pruebas que mencionaba el informe es que en sus discursos, los panistas también habían manifestado haber “perdido el miedo al gobierno y que no le temía ni a las bayonetas”, como se cita en el reporte.
Además, según la percepción de la DFS, los panistas “se ufanaban de la formación de sus grupos de choque, de los cuales, en repetidas ocasiones, se dijo que estaban dotados de armas para su defensa”.
La represión y persecusión política que vivieron los panistas de esa época no los hizo cejar su intento de seguir compitiendo en las elecciones y volverían a enfrentarse al PRI en 1964, con Salvador Rosas Magallón al frente, postulado para diputado local.
Para entonces, las principales promesas políticas de los líderes del PAN eran impulsar la reforma de la Ley de amparo y la derogación del artículo 145 del código penal que contemplaba el delito de “disolución social” y que años más tarde, en 1968, se volvería una demanda emblemática del movimiento estudiantil.
Revivir el Porfirismo
El general Cuenca se había incrustado en las entrañas de la política estatal de Baja California y junto a la autoridad civil y militar se dedicó a girar advertencias con el fin de mantener el control dentro del estado.
El 3 de julio de 1962, cuando se acercaba un nuevo periodo electoral, se reunieron en Mexicali el gobernador Eligio Esquivel Méndez, el propio Cuenca Díaz como comandante de la zona y el general Agustín Carreño, comandante de la Guarnición de la Plaza.
A esta reunión había sido llamado también Alfonso Garzón Santibáñez, líder de la Liga Agraria de Baja California, postulado además como candidato a la presidencia municipal de Mexicali, para advertirle que cesara sus actividades políticas.
Según el reporte de la DFS, “lo exhortaron a ´definir su situación política, ya que se estaba haciendo acreedor a que se le conceptuara como agitador”; pero el líder campesino, independiente a la Central Nacional Campesina controlada por el PRI, negó estar cometiendo el delito de “agitación”.
También, les respondió a los jefes de la región que sus actividades se encontraban dentro de la ley, aunque criticara “los malos procedimientos de que se valía el PRI para imponer a sus candidatos”.
A juzgar por los hechos, Garzón no se ablandó y para el 21 de julio de 1962, en una nueva reunión entre el gobernador, el senador Caritino Maldonado, el diputado federal Raúl Vargas y el general Cuenca, decidían una serie de medidas “a fin de nulificar” “las actividades de agitación que viene llevando Alfonso Garzón Santibañez”.
El plan consistió en suspender “las participaciones que tiene, como líder agrario, de los fondos municipales y estatales”; solicitar a la CNC que “a la mayor brevedad solucione los problemas campesinos… para que estos no sean tomados como bandera por Garzón Santibáñez”.
Así también se preveía “activar la campaña política de los candidatos del PRI, a fin de neutralizar la labor de la llamada Alianza de Electores Libres”, partidaria de Garzón; y a “ejercer una vigilancia absoluta por parte del ejército y la policía, para que los ciudadanos gocen de protección durante los comicios”.
Garzón Santíbáñez se había vuelto incómodo para las autoridades locales y la dirigencia nacional del PRI cuando a inicios de enero de 1962, protestó en contra de la alta salinidad del Río Colorado, ocasionada por descargas de aguas salitrosas por parte de agricultores de Estados Unidos, provocando afectaciones a los colonos y ejidatarios del valle de Mexicali.
“La situación respecto al problema indicado es sumamente delicada, ya que se presta para que elementos de izquierda, aduciendo patriotismo, alteren el orden y ocasionen perjuicios en Mexicali y otros importantes centros de población de la frontera con Estado Unidos”, valoraba la DFS.
Como a otros líderes campesinos de la época que también vivieron persecusión política por parte del régimen, en abril de 1963 las autoridades judiciales locales intentaron proscribir las actividades políticas de Garzón, dictándole auto de formal prisión por el delito de “disolución social”, contemplado en el código penal federal hasta 1970.
Además de los panistas y el sector campesino, los estudiantes universitarios de Baja California también comenzaron a dirigir sus críticas a Cuenca Díaz, ilustrando desde entonces el talante autoritario del general.
Según otro informe de la DFS en la versión pública de Cuenca, el 26 de abril de 1963 apareció una publicación universitaria titulada Ariete, en la cual un artículo sobre el general Cuenca lo señalaba como quien “trata de revivir el porfirismo para conquistar el poder en Baja California”.
Hasta entonces, las reuniones con políticos locales y su intervención directa reprimiendo protestas sociales a favor del PRI, así como sus largas jornadas en el hipódromo de Tijuana, habían comenzado a rendirle frutos al general, apodado por esos días como “El Tahur”.
En enero de 1963 se comenzaba a hablar de él como uno de los posibles candidatos a la gubernatura del estado. Aunque sus pretensiones pronto se caerían, recibió consuelo temporal con su postulación para senador del PRI en Baja California.
Sin embargo, el sector financiero de industriales y comerciantes locales no lo querían. De acuerdo con un informe de la DFS fechado el 25 de marzo de 1964, estos se habían reunido en un desayuno para expresar su inconformidad con algunas de las asignaciones a los puestos de elección popular del PRI.
El agente de inteligencia señalaba “al parecer, el descontento… se reduce únicamente a la designación del general Cuenca Díaz, a quien consideran incapaz de resolver y velar por los intereses del pueblo, ´al que ha menospreciado siempre y con el que nunca ha tenido el menor contacto, no obstante los seis años de residencia que tiene en Baja California´.”
Pero Cuenca Díaz ya contaba con la venia del Partido hegemónico, dirigido entonces por el general Alfonso Corona del Rosal y fue designado candidato junto a José Ricardi Tirado y los suplentes Eduardo Tonela Escamilla y Milton Castellanos Everardo el 5 de abril de 1964.
Por órdenes de “arriba”
A finales de abril de 1964, el comandante Cuenca Díaz, por “instrucciones que tenía de arriba”, llevaría a cabo la planeación del último dispositivo de seguridad en la entidad bajo su mando, en conjunto con los cuerpos policiacos, con motivo de la visita del entonces candidato del PRI y próximo presidente de México Gustavo Díaz Ordaz.
Otro de los informes de la DFS consultado por Archivos de Inteligencia MX consignó las acciones ordenadas por Cuenca. La primera orden fue “dar demostraciones de fuerza, para lo cual tiene a soldados bien adiestrados, los cuales serán vestidos de civiles y dotados de macanas para sofocar cualquier movimiento de agitación durante las recepciones.”
También, el general pidió la “detención de todos los líderes que hayan demostrado actividad y participación en los diferentes organismos antagónicos al Gobierno, los cuales -según el mismo reporte de inteligencia- serán detenidos en la Zona Militar hasta que pase la visita del Sr. Lic. Gustavo Díaz Ordaz.”
Asimismo, Cuenca Díaz ordenó a sus hombres “que las casas de los detenidos sean vigiladas por elementos de seguridad, durante el mismo término, inmuebles de los que hay que tomar posesión” y dispuso la presencia de “escoltas de militares vestidos de civil al candidato, lo más cerca posible.”
El general senador
El general Cuenca pidió licencia en el ejército para realizar su campaña política durante tres meses y finalmente se celebraron las elecciones legislativas en las que, como estaba previsto, resultaron ganadores los candidatos del PRI, Cuenca Díaz y José Ricardi.
Para el mes de agosto el general político ya se encontraba cesionando en la Cámara de Senadores en la ciudad de México. Aunque a los pocos meses, en Baja California se había vuelto a nombrar a Cuenca como uno de los posibles candidatos a gobernador por el PRI. Pero su aspiración se esfumó y el PRI se decantaría por Raúl Sánchez Díaz.
Entre 1965 y 1970 Cuenca Díaz pasó sus días en las sesiones del Congreso. Paradójicamente, le tocaría formar parte de la mesa directiva para el periodo extraordinario de sesiones, que estudió el proyecto de derogación del artículo 145 y 145 bis del código penal del Distrito Federal de los fueros común y federal en todo el país.
También en 1970 presidió la agrupación político militar “General Leandro Valle”, subsidiaria tanto del PRI como de las fuerzas armadas en varias entidades. En diciembre de ese año, con la llegada al poder de Luis Echeverría, el general Cuenca Díaz alcanzaría el escalón de mando más alto en la Secretaría de la Defensa Nacional.
Fotos: Diana Ávila Hernández / Hermanos Mayo-AGN